Torturas en Mendoza

Al igual que el año pasado, nuevamente se revelaron videos que demuestran como en la Provincia de Mendoza. Estos hechos, que ya dejaron de ser "aislados" (y no sólo en Mendoza), nos urgen de una revisión urgente del sistema penitenciario en todo el país.

En los últimos días se difundieron nuevas imágenes de penitenciarios de una cárcel de Mendoza corriendo a presos con palos y obligándolos a salir desnudos de las duchas como mera diversión.

El video, tomado por el celular de un carcelero que se encuentra detenido junto a otros siete, muestra cómo los guardias golpean a los presos y luego celebran su "travesía" frente a la cámara del celular.

Según los abogados a cargo del caso, existen más de cien filmaciones similares que exhiben las vejaciones que sufren los presos en el penal de San Felipe de esa provincia.

Ante este hecho, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, admitió, en declaraciones a la agencia DyN, que las imágenes de los videos "son de una violencia y un maltrato inusitado"."No es el sistema que nosotros pretendemos. Son prácticas que pretendemos erradicar", aseguró el funcionario.

Tras la presentación y las declaraciones formuladas, funcionarios de su cartera recorrieron la cárcel e identificaron a los sospechosos de llevar a cabo las torturas.

Esto no es nuevo, hace ya algunas semanas se develaron videos del 2010.

Esto es muy preocupante por donde se lo mire. Es una violación flagrante de la Constitución de la Provincia de Mendoza:

ARTÍCULO 23º - Las cárceles son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos, y tanto éstas como las colonias penales, serán reglamentadas de manera que constituyan centro de trabajo y moralización.

Todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan.

Y por supuesto, también la Constitución Nacional:

Artículo 18- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.

De todas maneras sabemos que esto no es nuevo. Hace 14 años en  Mendoza fue detenido, torturado y asesinado Sebastián Bordón. Y sabemos también que este tipo de torturas no es algo solo de esta Provincia. En los últimos días han habido también denuncias por torturas en cárceles y comisarías en Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco.Y no viene mal recordar tampoco que hace poco tiempo se cumplieron dos años de la desaparición de Luciano Arruga en Lomas del Mirador.

A todo esto hay que agregarle una irregularidad más. El Gobierno de la Argentina firmó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y según el artículo 75 inc. 22 tiene jerarquía constitucional. Fue firmado en 1986.

En el año 2004 ratificó el Protocolo Facultativo de esta Convención, sancionado por la ONU. Éste comprometía a los Estados a reglamentar mecanismos para prevenir o sancionar el delito de tortura, incluyendo la posibilidad de que organismos independientes de DDHH puedan visitar periódicamente y en forma de inspección los centros de tortura. Los Estados se comprometían a implementar las medidas del Protocolo en un lapso de tres años. Pasaron 4 años desde 2007, y nada pasó.

Y desde el año 2004 los casos de torturas en comisarías y cárceles no se detuvieron, al contrario, han aumentado. Y se deben sumar a esto casos de incendios en cárceles como en Magdalena en 2005 o en Santiago del Estero en 2007. Vale recordar también la huelga de hambre por mejores condiciones el año pasado.

Desde este blog apoyamos el pedido de que el Gobierno Nacional condene los hechos de Mendoza, y exigimos que ponga en marcha mecanismos para evitar estos crímenes, en consonancia con Amnistía Internacional.